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CONSEJO GENERAL DE PODER JUDICIAL: PREVALECE LA SEGURIDAD JURÍDICA FRENTE AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL

CONSEJO GENERAL DE PODER JUDICIAL: PREVALECE LA SEGURIDAD JURÍDICA FRENTE AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL

Llevo desde junio de 2017, denunciando la medida acordada por el CGPJ, consistente en especializar un Juzgado por Provincia para tratar los asuntos de cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores.

Mi primera reflexión desde que se acordó tal medida, es que si las matemáticas funcionan, un juzgado por Provincia no parecía una medida razonable. Podrá resultar adecuada y efectiva para determinadas Provincias, pero para las más pobladas, que son las que más pleitos generan, supone un monumental atasco judicial, como de hecho así ha sucedido. La única explicación que se me ocurría es que, con esta medida, se permitía a la banca diferir en varios ejercicios el impacto de las devoluciones por la aplicación de cláusulas suelo y gastos. Repartir los asuntos entre todos los partidos judiciales, podía suponer que las sentencias y por tanto, las devoluciones, se produjeran en uno o dos ejercicios. Pero con el atasco, todo se demoraría por años y años (hace pocos días un compañero ha publicado en linkedin un señalamiento para 2022…).

La medida se ha ido prorrogando por sucesivos periodos de seis meses y el CGPJ, cada vez que vuelve a prorrogarla lo justifica en el hecho de que los ciudadanos están recibiendo resoluciones con un mismo criterio, el del juzgado especializado de su Provincia. Así, parece valer la pena seguir atascando estos asuntos, porque están consiguiendo que haya unidad de criterio. Esto proporciona seguridad jurídica en la respuesta que ofrecen las sentencias a los ciudadanos, que no ven ya lo de acudir a los tribunales como una cuestión de suerte, en función del criterio del juzgado que te toque.

Pero lo que me parece más grave es que, habiendo constatado el CGPJ desde el inicio de su aplicación, el atasco monumental que se ha producido en los juzgados especializados de las Provincias más pobladas, se haya seguido dando prioridad a esa sobrevalorada seguridad jurídica (art 9 de la Constitución), en detrimento del derecho de los ciudadanos a obtener tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas (art 24 de la Constitución). La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, y creo que debería primar, por tener un rango “superior” a los principios genéricos del art. 9 CE.

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