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LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y LA SEPARACIÓN DE PODERES DEL ESTADO

LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y LA SEPARACIÓN DE PODERES DEL ESTADO

La cuestión no nace, en mi opinión, de lo sucedido con la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el sujeto pasivo en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en préstamos hipotecarios. Este debate viene de más atrás y lo que ahora ha sucedido, no hace sino ahondar en lo mismo. Y particularmente, creo que este debate, no se enfoca correctamente si no analizamos y añadimos otro ingrediente esencial: la separación de poderes del Estado.

Porque la independencia judicial, sería poco cuestionable si cada uno de los poderes del Estado, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, tomaran conciencia de cuál es su función, cumplieran con ella y fueran exquisitamente cuidadosos en no salirse de su ámbito. Y si centráramos con claridad y precisión los límites de cada uno de los tres poderes del Estado, quizás no hablaríamos tanto de la independencia del Poder Judicial y sí en cambio, surgiría un debate sobre la inacción de los otros dos poderes del Estado, que parecen sentirse a gusto con que sea el Judicial el que, de vez en cuando, irrumpa como garante del “orden social y económico” del Estado. El Poder Judicial, en mi modesta opinión, se mete dónde no debería, justamente porque es independiente, sin darse cuenta de que esa independencia tiene sus límites en la separación de poderes del Estado, es decir, en las competencias de los otros dos poderes del Estado: el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

La cuestión es, que cada vez que una parte litigante en un proceso judicial sea una gran empresa (o varias) de un sector económico de dimensiones estratégicas (energéticas, telecomunicaciones, petroleras, banca, seguros, etc.) y las consecuencias de la sentencia puedan afectar a sus cuentas de una forma imprevisible, y se perciba la sospecha de que “el orden económico” puede tambalearse, la justicia tiembla. Y “temblar” sólo con los poderosos, traduce un trato desigual en la administración de justicia. La lectura que hace el ciudadano es que la justicia, no es igual para todos y no parece reprochable que se haga esta interpretación.

Cuando se dictó la STS de las cláusulas suelo, el Tribunal decidió acotar la retroactividad, motivándolo en el daño al orden socio económico que podría causar, por afectar a las cuentas de la Banca. Y en mi modesta opinión, ese acotamiento de la retroactividad se hizo en base a sospechas, cábalas y temores que no estaban fundados en datos económicos objetivos y concretos. No había cifras encima de la mesa de los magistrados y los bancos afectados, pudieron presentar esas cifras. Pero no hubo números que ampararan ese temor infundado sobre las consecuencias de la sentencia. Y lo que me parece absurdo, es que fuera el propio Tribunal Supremo el que estableciera de una forma asimismo infundada desde la óptica económica, una fecha aleatoria como era la del dictado de la sentencia. ¿Acaso tenían datos como para pensar que el 9 de mayo de 2013 era la frontera del desastre nacional? ¿Por qué el 9 de mayo de 2013 y no otra fecha? ¿Qué concreto dato económico avalaba el establecimiento de ese límite temporal? Ninguno. Fue una elección sin sentido.

Y es que el problema es que el Tribunal Supremo no puede erigirse en el protector del orden social y económico del Estado, porque al hacerlo, está invadiendo parcelas competenciales de los otros dos Poderes del Estado. El Tribunal Supremo no puede “legislar”, ni tomar medidas en sus sentencias para proteger el orden “socio-económico” del Estado. Para ello, ya tenemos al Ejecutivo y al Legislador, que es cierto que hacen mucho peor su trabajo que el Poder Judicial, sin duda. Pero, utilizar ese principio de independencia sin límites, en muchas ocasiones produce invasiones en terrenos que no deberían ser asumidos por el Poder Judicial. Para proteger el orden socio-económico, deberían salir al paso otros poderes, no el Judicial, que debería limitarse a aplicar el ordenamiento, por más que con ello pueda poner de manifiesto las carencias de los otros dos poderes. Si el ordenamiento jurídico no funciona, quienes deben reparar los descosidos son los otros poderes del Estado, que son los que tienen las facultades normativas.

En resumen, precisamente porque los jueces son independientes, en ocasiones incurren en extralimitaciones respecto a su función. Y es cuando se extralimitan cuando se pone en tela de juicio su independencia. Si el Poder Judicial asume que el mantenimiento del orden socio-económico es una competencia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, entonces será, posiblemente, mucho más sanamente independiente. Y si los otros dos poderes del Estado no cumplen con sus funciones, debiera ser la sociedad la que los castigue en las urnas.

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