LOADING CLOSE

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA

CRITERIOS DE ADMISIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL. Cuando la sentencia recurrida se limita a utilizar formulas tales como: de la “valoración conjunta de la prueba”.

 

El Acuerdo sobre los criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal del Pleno no jurisdiccional de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 enero de 2017 (en adelante, “Acuerdo 2017”), establece que no podrá pretenderse una revisión de hechos probados ni una nueva valoración probatoria.

Bajo la vigencia de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, el principio de inmediación dotaba de mayor protagonismo a los criterios de valoración de la prueba empleados por el Juzgado de Primera Instancia. Tras la entrada en vigor de la actual LEC, muchas Audiencias Provinciales (S.A.P. Toledo de 16 de octubre de 2006, Rec. 315/2006; A.P. Murcia de 4 de mayo de 2001; A.P. Vizcaya de 11 de abril de 2002; A.P. Alicante de 29 de enero de 2003; A.P. Córdoba de 21 de febrero de 2003; entre otras), seguían defendiendo que, el privilegio que otorgaba al juez de instancia el principio de inmediatez, obligaba a restringir en segunda instancia el control de los criterios de valoración de la prueba practicada en primera instancia, bajo estrictos parámetros de razonabilidad, lógica, no arbitrariedad y respeto a las normas de la sana crítica.

Pero poco a poco se ha ido imponiendo otra forma de entender el alcance de la segunda instancia, que se ha convertido en una especie de “segundo juicio” plenario, en el que el Tribunal de Segunda Instancia, puede “borrar” todo lo actuado por el de primera instancia (e incluso ignorarlo) haciendo su propia valoración de la prueba sin tener en cuenta la realizada en primera instancia, razonando y decidiendo el litigio como si no hubiese existido un procedimiento en primera instancia. La segunda instancia parece haberse convertido en una “repetición” del juicio, ya que nada de lo actuado, valorado y decidido en primera instancia, vincula a los juzgadores de la segunda instancia. Y si la apelación se convierte en un segundo juicio o en un simple juicio “repetido”, la pregunta es obvia: ¿Para qué queremos dos instancias en materia civil?

Un tribunal de apelación es un tribunal de mayor rango, exclusivamente por su facultad de revocación. Pero esto al ciudadano no le supone ninguna garantía ni le añade valor o contenido a su derecho a la tutela judicial. El tribunal de segunda instancia, al tener plena libertad para decidir un litigio con absoluta independencia de lo actuado en primera instancia, no tiene por qué hacer un control sobre los criterios de valoración de la prueba en la sentencia de primera instancia bajo parámetros de razonabilidad, lógica y las reglas de la sana crítica. El tribunal de apelación, puede hacer su propia valoración de la prueba sin tener en cuenta la realizada en primera instancia. Y la desconexión entre el criterio de primera instancia y el de la segunda instancia, convierte la segunda en una instancia menos garante y en cierto modo, más peligrosa, por esa libertad que tiene para decidir sin ninguna sujeción a lo juzgado en primera instancia.

Mediante el empleo de fórmulas tales como -“valorada la prueba en su conjunto”-, y algún aislado comentario sobre alguna de las pruebas practicadas, puede revocar una sentencia de primera instancia. Creo que se le dota a la segunda instancia de un poder excesivo. Ni siquiera hace falta decir que los criterios de valoración empleados en primera instancia sean irrazonables, ilógicos arbitrarios o contrarios a las reglas de la sana crítica. Basta con decir que -valorada la prueba en su conjunto-, llega a otras conclusiones.

El resultado se traduce en que queda obviado el control de los criterios empleados en la valoración de la prueba en su conjunto en primera instancia. La segunda instancia puede omitir ese control respecto a la sentencia de primera instancia, y bajo la fórmula expuesta (“valorada nuevamente la prueba en su conjunto”), que es la que nos encontramos habitualmente, puede revocarla. Y con esta fórmula se lleva a cabo una segunda valoración de la prueba en su conjunto, que si no tiene acceso al recurso extraordinario por infracción procesal, ya no podrá ser controlada en una segunda instancia real, en términos de razonabilidad, lógica y reglas de la sana crítica.

Y al final, nos encontramos con que en un proceso judicial con dos instancias, ninguno de los criterios empleados para hacer una valoración global de la prueba en las dos instancias, tiene un trámite o recurso en el que poder cuestionar el criterio empleado en la valoración de la prueba, ya que en el recurso de apelación puede solicitarse que se haga ese control, pero el tribunal de segunda instancia no tiene la obligación de hacerlo en términos de razonabilidad, lógica y conformidad con las reglas de la sana crítica. En definitiva, en este concreto e importante aspecto, como es el criterio empleado por un tribunal de justicia para valorar la prueba en su conjunto, el ciudadano queda despojado de algo tan importante como es el control de la valoración de la prueba en términos de razonabilidad, lógica, no arbitrariedad y reglas de la sana crítica.

Y la experiencia nos dice que en el concreto aspecto de la valoración de la prueba, la primera instancia suele ser mucho más completa, detallada y exhaustiva. La experiencia nos dice asimismo, que esa segunda valoración de la prueba en segunda instancia suele ser mucho más pobre, genérica e incompleta. Y por ello, me resulta peligroso que se dote a la segunda instancia de esa libertad, porque nos encontraremos, como ya nos estamos encontrando en muchas ocasiones, con criterios de valoración en segunda instancia insuficientes, que responden a una evidente falta de instrucción en los autos de primera instancia y que, pese a incurrir en arbitrariedad, falta de razón y lógica, resultan inatacables.

Ello me obliga a formular una crítica a los rígidos criterios de admisión del Acuerdo 2017 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que vetan el camino al recurso extraordinario por infracción procesal para poder cuestionar esos criterios de valoración de la prueba “en su conjunto”. En mi opinión, el derecho a la tutela judicial queda mermado, porque la segunda instancia, se convierte en “otra” instancia, que aplica su propio criterio de valoración de la prueba, sin censurar el de primera instancia como irracional, ilógico o contrario a las reglas de la sana crítica, sino simplemente, mostrando desacuerdo con el mismo. Y si el tribunal de segunda instancia, no hace una segunda valoración completa, sino que con esa frívola fórmula de “no compartir el criterio de valoración de la prueba en su conjunto”, despacha la revocación de la sentencia, el litigante desfavorecido se queda desamparado por el sistema de recursos, y con la sensación de haber perdido el tiempo con el procedimiento en primera instancia.

Seguro que alguien me dirá que la segunda instancia es una garantía para el ciudadano por su carácter colegiado. Pero todos sabemos, y así lo demuestra la práctica, que los magistrados de la Audiencias Provinciales no emiten votos particulares. Un voto particular en materia civil en una Audiencia Provincial es algo anecdótico. Ello muestra que la colegiación del órgano judicial, no supone una garantía de mayor “nivel o calidad” jurídica de las resoluciones de las Audiencias Provinciales, ya que la autoría de las mismas, responde al criterio del ponente, del que prácticamente nunca disienten sus dos compañeros. De hecho, creo que todos estaremos de acuerdo en que, en general, el nivel de calidad y exhaustividad en el examen de los hechos y la prueba en las sentencias de las Audiencias Provinciales, suele ser muy inferior al llevado a cabo por las sentencias de los juzgados, con independencia del acierto en el resultado de la decisión final. Por lo general, las sentencias de segunda instancia, no examinan la prueba de una forma más completa y pormenorizada que las sentencias de los juzgados de primera instancia, sino al contrario.

No olvidemos que se accede a la plaza de magistrado de una Audiencia Provincial, básicamente por antigüedad, no por otros méritos, por lo que los magistrados de la Audiencia Provincial no son “mejores” que los jueces de los juzgados. Simplemente son tres que llevan más tiempo ejerciendo su profesión (lo cual no necesariamente es un valor añadido) y que siempre están de acuerdo con el ponente, que es a quien le toca redactar.

Volvemos a preguntarnos: ¿Para qué quiere el ciudadano la primera instancia? ¿De qué le sirve una primera instancia si la segunda puede resolver con total independencia de lo que se haya decidido en primera instancia y no va a poder recurrir para censurar los criterios de valoración de la prueba en su conjunto que haga la sentencia de segunda instancia? ¿Qué es esto? ¿Una segunda opinión sobre el caso como si fuese un asunto médico? ¿Cómo casa este sistema con el principio de seguridad jurídica? Y sobre todo, ¿Cómo conjuga con la “efectividad” del derecho a la tutela judicial sin dilaciones indebidas? ¿Para qué puede querer un ciudadano someterse a una primera instancia si le decimos que lo que se decida en esa primera instancia no va a servir para nada porque quien decide al final es la segunda instancia, que no tiene por qué tomar en consideración los criterios de valoración de la prueba que haya realizado el juez de primera instancia?

Si le contamos al ciudadano que los tres magistrados de la segunda instancia siempre están de acuerdo (como si fueran una única opinión) y que además, acceden a esa plaza básicamente por antigüedad, ¿Qué valor añadido obtiene un ciudadano con una segunda instancia? En mi opinión, este sistema lo único que genera es, (i) inseguridad jurídica, ya que la segunda instancia se comporta como “otra” primera instancia, que convierte en inútil la primera instancia; y (ii) una dilación indebida en la obtención de un pronunciamiento judicial que sea de verdad efectivo, ya que el primero deja de serlo en caso de apelación. Y entiendo que el precio que pagamos erosiona el contenido del derecho fundamental del art. 24 de la Constitución, al conceder al Tribunal de Apelación una independencia absoluta respecto a los criterios de valoración de la prueba y respecto de la propia decisión de primera instancia.

La libertad absoluta para volver a juzgar de la que dispone la segunda instancia, parece justificarse por la “inmediatez” que le confiere la posibilidad de visualizar de nuevo las vistas en formato audiovisual. Pero resulta innegable que no es una inmediatez igual, ya que no es lo mismo estar e intervenir en un rodaje, que ver la película en el cine.

Y si observamos con detenimiento los preceptos legales, tampoco parecen amparar esa total libertad del juzgador de segunda instancia. Y es que a veces las doctrinas jurisprudenciales no terminan de encajar con la literalidad de las normas y van un poco más allá, invadiendo el terreno de otros poderes del Estado. Cuando el artículo 456.1 de la LEC nos habla del alcance de las apelaciones, sólo menciona un nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo y la prueba que se practique ante el tribunal de apelación. Y si leemos con detenimiento, no resulta nada claro que la ley le confiera la posibilidad de cambiar el criterio de valoración de la prueba que haya hecho el juez de primera instancia, con libertad absoluta.

Art 456.1 LEC.- Ámbito y efectos del recurso de apelación

  1. En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación.

El artículo no menciona nada más que “las actuaciones llevadas a cabo” y “la prueba que se practique en segunda instancia”. No hace, pudiendo hacerlo, ninguna mención a la prueba en primera instancia, debiendo forzarse una interpretación conforme a la cual, la valoración de la prueba llevada a cabo en primera instancia, debe entenderse incluida en “las actuaciones llevadas a cabo”. Pero con ello, deducimos o interpretamos más allá de lo que la norma pudo decir y no dice.

En cualquier caso, parece razonable pensar que, fórmulas contenidas en las sentencias de segunda instancia, que consistan en decir que “valorada la prueba en su conjunto”, para revocar el fallo de primera instancia, debieran ser tan inadmisibles como inadmisible resulta ser para la Sala Primera del Tribunal Supremo el motivo que pretenda en el recurso extraordinario por infracción procesal, un examen de los criterios de valoración de la prueba en términos de razonabilidad, lógica y reglas de la sana crítica. Si vale una cosa, debiera valer también la otra. Pero permitir esas fórmulas genéricas que aluden al conjunto de la prueba para revocar una sentencia de primera instancia, y no permitir su control de razonabilidad, lógica y conformidad con las reglas de la sana crítica, en sede del recurso extraordinario por infracción procesal, creo que es un defecto corregible del sistema. Y creo que se deja en situación de manifiesta indefensión al litigante que no puede recurrir un criterio de valoración conjunta de la prueba llevado a cabo en segunda instancia, por nefasto o absurdo que resulte. De hecho, decir que se ha valorado la prueba “en su conjunto”, suele esconder lo contrario: no haber hecho una valoración “completa”. Porque al hablar de la generalidad del conjunto sin aterrizar en la significación de cada una de las pruebas, lo que se puede esconder es la falta de una consideración completa. Porque no es lo mismo valorar el “conjunto” de la prueba, que valorar la prueba de una forma “completa”. Valorar en “conjunto” suena a no haber valorado toda la prueba. Quien mira el “conjunto”, no repara en el detalle.

Por tanto, antes teníamos un juicio en primera instancia, con un control sobre los criterios de valoración aplicados que llevaba a cabo la segunda instancia bajo parámetros de razonabilidad, lógica, arbitrariedad y reglas de la sana crítica. Y además un recurso extraordinario ante el TS, para casos de errores flagrantes. Con la doctrina del TS, el TC y sobre todo, el Acuerdo 2017, ahora tenemos dos criterios de valoración completamente independientes, uno para la primera instancia y otro para la segunda, que pueden ser contradictorios, y un control final por parte del TS, con una senda tan estrecha, que prácticamente sólo caben los errores inverosímiles.

Parece razonable decir, bajo la óptica del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que no debiera permitirse que la segunda instancia pueda cambiar el sentido de un fallo de primera instancia, amparándose en fórmulas genéricas como la transcrita que se limitan a decir que se ha realizado “una nueva valoración de la prueba en su conjunto”, cuando sin entrar a censurar (razonabilidad, lógica, arbitrariedad y reglas de la sana crítica) los criterios de valoración de la prueba en primera instancia, se decide cambiar el sentido de un fallo judicial que sí contiene un examen conjunto y pormenorizado de la prueba. Y debiera parecer razonable que estos supuestos sí tuvieran acceso al recurso extraordinario por infracción procesal, para no dejar indefensos a los ciudadanos frente a esa clase de arbitrarios formulismos en una instancia que en la práctica, se revela como “otra” instancia, y no una instancia superior; y que además, sólo justifica su “superioridad” en la facultad de revocación.

Por tanto y resumiendo, la doctrina del TC (SSTS 101/1992, de 24 de julio; 169/2000 de 26 de junio; 25/2000, de 21 de enero; 128/1998, de 16 de junio; entre otras); la doctrina del TS (SSTS de 4 de diciembre de 2007; de 4 de septiembre de 2014, sentencia nº 445; de18 de mayo de 2015, entre otras) y en especial, el Acuerdo sobre los criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal del Pleno no jurisdiccional de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2017, conforman un conjunto de criterios sin rango normativo que, en mi modesta opinión, erosionan la tutela judicial al suponer un impedimento para que los criterios de valoración conjunta de la prueba en un procedimiento judicial civil, y que motivan la decisión del fallo de una sentencia, puedan ser objeto de un recurso contra la sentencia de segunda instancia bajo parámetros de razonabilidad, lógica, arbitrariedad y las reglas de la sana crítica. Y esto supone retroceder en un sistema de garantías procesales que debiera amparar mejor a los litigantes cuando se encuentren con sentencias de segunda instancia mal argumentadas, mal instruidas o simplemente, resulten irrazonables, ilógicas y/o contrarias a las reglas de la sana crítica. No se trata de reivindicar una tercera instancia, sino de que la primera y la segunda tengan un sentido.

El Acuerdo 2017, constituye una herramienta de disuasión para que el ciudadano pueda ejercitar con plenitud su fundamental derecho a la tutela judicial, en el que hoy día debería entenderse incluido el acceso real a los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico. Las trabas formales y obstáculos procedimentales que establece el Acuerdo 2017, rebasan con creces la doctrina contenida en las dos resoluciones que aduce a modo de justificación la Sala Primera en el propio texto del Acuerdo 2017 (STEDH de 19 de diciembre de 1997 y STC 37/1995). No parece razonable que al amparo de lo dispuesto en estas dos resoluciones, quepa establecer un laberinto de obstáculos que hagan prácticamente inviable la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal, o que ofrezcan un camino tan estrecho para la admisión del recurso, que sólo permita el paso a errores judiciales de incidencia prácticamente imposible y que deberían merecer otro tipo de medidas de orden sancionador.

En mi opinión, en materia de derechos fundamentales, de lo que se trata es de avanzar, no de retroceder.

 

(2) Comments
  1. Estimado compañero:
    Una vez leído tu artículo podría estar de acuerdo si la sentencia apelada estuviera bastante bien fundamentada y estudiada la prueba aportada en primera instancia, pero no puedo estar de acuerdo, si, como pasa en bastantes ocasiones, el juez de primera instancia se limita a pasar por alto las pruebas aportadas, no entrando a valorarlas y emitiendo una sentencia tan débil en sus argumentos que la segunda instancia parezca una tabla de salvación.

  2. Los Jueces de Segunda Instancia deben primeramente resolver sobre los cargos hechos a la sentencia de primer nivel por el recurrente en su escrito de fundamentación, con esto determinar si el recurso de apelación está fundamentado, resolver en mérito de la prueba aportada en segunda instancia y la que resultare de los recursos pendientes con efecto diferido, de ahí declarar si existe o no mérito para examinar los hechos y la prueba en primera instancia. Si aplican los mismos criterios de valoración, deb en señalar con exactitud, cuál es el yerro en el que incurrió el juez de primer nivel. Para la valoración dela prueba no basta el enunciado de “valorada en conjunto con observancia de las reglas de la sana crítica”, deben obligarflos a desarrollar cuáles reglas están aplicando en la valoración de la prueba, caso contrario que sea causa de nulidad por falta de motivación…..

Deja un comentario