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La STS de 12 de Enero de 2015

La STS de 12 de Enero de 2015

El Tribunal Supremo y sus novedosas doctrinas que en ocasiones invaden las competencias del Poder Legislativo, están generando un monumental lío con la aplicación del plazo de caducidad de la acción de nulidad relativa del 1301 código civil.

Durante más de cien años, la jurisprudencia del TS ha sido pacífica en cuanto al cómputo del plazo para instar la acción de nulidad, cuyo dies a quo, es el momento de la consumación del contrato cuya nulidad se pretenda, porque así lo dice el literal del artículo 1301 del código civil. Y el momento de la consumación del contrato es aquel en el que las prestaciones contractuales hayan quedado completamente cumplidas, es decir, el momento en el que el contrato ha desplegado todos sus efectos, porque es el sentido semántico del término “consumación”, momento en el que además, toma su sentido el efecto restitutorio derivado de la nulidad, al quedar concretadas las prestaciones contractuales entre partes. Consumación, por tanto, no equivale a perfección.

Pues bien, el Pleno del TS, en su sentencia de 12 de enero de 2015, se encuentra con el enjuiciamiento de un producto asegurador (no bancario) como es un seguro de vida Unit Linked, y como vislumbra un problema en la determinación del momento de la consumación del contrato, decide introducir una novedosa interpretación del 1301 cc, contra el dictado del propio artículo. Y lo hace, porque la sentencia que se recurre en casación, ha decidido declarar la acción de nulidad caducada, al entender que la consumación de dicho producto, se produce con la perfección del mismo, es decir, con el momento de su contratación, privando al afectado de su acción de nulidad por caducidad, pese a que no haya podido tener constancia de su error hasta mucho después de transcurrido el plazo de los 4 años.

La intención del TS en su doctrinal sentencia de 12 de enero de 2015, persigue una finalidad: que el afectado no se quede sin plazo para instar la nulidad antes de que haya podido darse cuenta del error padecido en la contratación, o lo que es lo mismo, que el plazo del 1301 no pueda empezar a correr antes de que el afectado pueda conocer el error. La sentencia, confirma la doctrina de más de un siglo de unívoca interpretación del término consumación del 1301 cc, pero nos dice, como novedad, que para determinados supuestos de contratos bancarios complejos, el artículo 3 del código civil, permite hacer una interpretación más acorde con el tiempo en el que vivimos, en el que los contratos ya no son lo sencillos que podían ser en el siglo XIX. Por tanto, para estos contratos “bancarios complejos”, el término del 1301 cc, no podrá empezar a correr en un momento anterior a aquél en el que el afectado haya podido tener conocimiento, pleno y cabal (en palabras del TS), del error padecido.

Pese a la clara extralimitación del TS, que invade las competencias del legislador haciendo una interpretación contra el tenor literal de la norma, parece que la finalidad de esta doctrina es “rescatar” al afectado que se ha quedado sin plazo para instar la nulidad y que no ha podido ejercitar la acción por desconocer el error sufrido. Así, se le otorga al afectado un plazo “extra”, que empezará a contar desde que haya podido tener conocimiento de su error, y no antes, aunque el producto bancario se consumara en un momento anterior (el de su perfección).

Esta doctrina, que a los que defendemos a particulares nos puede parecer una estupenda herramienta de defensa, mientras que a los que defienden a la banca les parecerá una clara distorsión jurídica, adolece de serios problemas:

  1. En primer lugar, un seguro de vida Unit Linked, no es un producto bancario, sino un seguro, por más que su venta se pueda producir a través de la mediación de una red bancaria. Por tanto, si esta novedosa forma de interpretar el 1301 y su plazo, se plantea para determinados “contratos bancarios complejos”, el supuesto enjuiciado no debería merecer la aplicación de esta doctrina. La peculiaridad del seguro de vida Unit Linked, dicho sea con sencillez, es que las primas son objeto de inversión durante la vida del seguro. Por lo demás, es un seguro de vida.
  2. En segundo lugar, el Tribunal Supremo se queda con la calificación de “contratos bancarios complejos”, como conjunto de contratos a los que aplicar el nuevo cómputo del plazo del 1301 cc, sin entrar a analizar qué elementos determinan esa “complejidad” merecedora de una nueva forma de entender el literal de la norma. Y este, es el gran problema de la STS de 12 de enero de 2015, porque está generando unas consecuencias gravemente perturbadoras.

Esta doctrina del Pleno del TS, que lee el literal del 1301 cc de otra forma, se confirma meses después con la STS de 16 de septiembre de 2015, en la que se enjuicia la nulidad por error en el consentimiento de otro producto o complejo contrato bancario como son las participaciones preferentes. Como estamos ante un producto de mera tenencia sin definición temporal, no existe un momento de consumación distinto al de la perfección (orden de compra), y por tanto, los afectados que compraron estos productos y no han podido darse cuenta de su verdadera naturaleza hasta muchos años después (canje del FROB en 2013), se habrían quedado sin plazo para instar la nulidad por error, al contar dicho plazo desde el momento en el que se cursa la orden de compra. El TS confirma la doctrina de la STS de 12 de enero y “reabre” un nuevo plazo desde que el afectado ha tomado conocimiento del error, estableciendo el dies a quo en el momento en el que puede ejercitar la acción. Y nos vuelve a decir, que el plazo no puede empezar a contarse antes de que el afectado haya podido conocer el error.

La lectura de la STS de 12 de enero de 2015, y su posterior confirmación en la de septiembre de 2015, no parecen dejar dudas sobre la finalidad que persiguen, que no es otra que hacer “justicia” con todos esos casos en los que los afectados por un error en el consentimiento a la hora de contratar, cuando se dan cuenta del error, tienen la acción de nulidad caducada. La doctrina instaurada, es un “rescate” en toda regla, para todos aquellos casos en los que los afectados por el error, se han quedado sin plazo para instar la nulidad, antes de haber tenido la posibilidad de instar dicha acción.

Pero debemos tener claras dos cosas: (i) que esta nueva forma de computar el plazo tomando el dies a quo en un momento distinto de la consumación del contrato, es excepcional y por tanto, sólo es aplicable a determinados contratos complejos bancarios (no a todo contrato bancario complejo); y (ii) que el plazo no podrá empezar a computarse antes de que el afectado haya podido tomar conciencia del error: y “no antes”, significa que sólo será aplicable en los supuestos en que el momento de la consumación sea anterior al de la toma de conciencia del error.

Pues bien, esta doctrina está siendo utilizada por entidades como el Banco de Santander, para causar justo el efecto contrario al pretendido por el TS, que es considerar caducada la acción de nulidad en procedimientos judiciales en los que el afectado insta la acción dentro del plazo de cuatro años desde la consumación, pero que ha tenido conocimiento del error con anterioridad.

En concreto, se utiliza esta manipulación de la doctrina del TS en supuestos de permutas financieras de cuatro años de duración, en las que no hay “complejidad” que justifique computar el plazo de otra forma a la establecida en el 1301 cc. Y lo más grave, es que el propio TS ha caído en este disparate en una sentencia de 3 de marzo de 2017, declarando caducada la acción de nulidad en una permuta financiera, haciendo un cómputo del plazo que parte de un momento anterior a la consumación del producto, que como todos sabemos, se consuma con su última liquidación.

Y es un monumental e incomprensible disparate jurídico que hasta el propio TS haya caído en el error, porque las permutas financieras, fueron comercializadas masivamente a clientes minoristas en los años 2007-2008, con duraciones entre 4 y 5 años, por lo que el momento de la consumación de estos productos se sitúa en los años 2012-2013, caducando las acciones de nulidad en los años 2016-2017. Pero claro, si por ser estos productos “bancarios y complejos”, se les aplica el nuevo cómputo desde que se toma conocimiento del error e interpretamos que dicha toma de conciencia se produce con las primeras liquidaciones negativas de la permuta financiera, el dies a quo para el cómputo del plazo se situaría en 2009, que es cuando el Euribor se desploma, con lo que la acción de nulidad, caducaría en 2013. Es decir, que en contra del espíritu y finalidad de la doctrina establecida en la STS de 12 de enero de 2015, quedarían automáticamente caducadas acciones de nulidad instadas desde el año 2014 en adelante, respecto a una permuta financiera cuya última liquidación se produjo en 2012 y que goza de 4 años desde ese momento, según el literal del 1301 cc. Y no pensemos que por increíble que parezca, esto no puede pasar, porque ya está sucediendo en muchas Audiencias Provinciales, e incluso el TS ha dictado una sentencia el 3 de marzo de 2017, en la que ha aplicado su propia doctrina al revés.

Es más, acciones de nulidad instadas antes incluso del dictado de la STS de 12 de enero de 2015, dentro del plazo de cuatro años desde la consumación del producto, e incluso antes de su consumación (cuando el cliente ha decidido resolver el contrato anticipadamente), están siendo objeto de declaraciones judiciales de caducidad, por entender que el plazo debe empezar a contar desde 2009, cuando se producen las primeras liquidaciones trimestrales negativas, pese a que la permuta financiera se consumara en un momento posterior.

Ni el legislador podría hacer algo así, en el supuesto de que decidiera modificar y acortar a tres años, el plazo de los 4 años del 1301 cc. Quien antes de una eventual modificación del plazo del 1301 cc, hubiese instado su acción dentro del cuarto año desde la consumación, no podría verse afectado por la desaparición de su plazo, por la aplicación retroactiva de una norma que le sustrae derechos. Pero varias Audiencias Provinciales sí lo están haciendo.

Y la culpa de que esto esté sucediendo, la tiene el TS, que se quedó corto al no entrar en la concreción de los elementos que debe reunir un contrato bancario complejo como para ser merecedor de la aplicación de su nueva doctrina. El TS, debe dejar claro que el dies a quo para el cómputo del plazo, debe ser el más moderno de los dos posibles: el momento de la consumación o aquel otro en el que el afectado haya tomado conocimiento del error. De ahí la expresión “no antes”, de la que debemos extraer la conclusión de que si no antes, sí cabe después.

¿Y qué les sucede a estos contratos bancarios para resultar complejos a la hora de establecer el cómputo del plazo de 4 años del 1301cc?

Si examinamos los dos supuestos enjuiciados en las STS de 12 de enero y 16 de septiembre de 2015, podemos sacar las conclusiones que no explicita el TS en sus sentencias, y que a día de hoy resulta urgente que el propio TS las concrete y aclare para impedir los atropellos que están sucediéndose.

La STS de 12 de enero de 2015, rescata a un afectado por un contrato de seguro de vida Unit Linked; y la de 16 de septiembre de 2015 a un afectado por la compra de participaciones preferentes. ¿Qué tienen en común estos productos que pueda parecer complejo y justifique la computación del plazo de 4 años de una forma distinta a la establecida por el literal del 1301 cc? La respuesta es sencilla: la intemporalidad del producto; la falta de un momento de consumación contractual predeterminado en el propio contrato. Son contratos en los que no existe una previsión contractual de fecha de consumación. En el seguro de vida, como es prorrogable indefinidamente a voluntad del tomador, podríamos entender que la consumación se produce con el acaecimiento del siniestro (sujeto al azar) o con la voluntad manifestada por el tomador de no prorrogar su vigencia en alguna de las anualidades. No parece sensato ni acorde con el principio de seguridad jurídica, que el momento de consumación a efectos del cómputo del plazo del 1301 cc, deba quedar en manos del azar o de la voluntad de una parte contractual.

Y en el supuesto de las participaciones preferentes, al ser un producto de mera tenencia ilimitada en el tiempo, con mayor motivo, ya que la consumación quedaría en manos de la decisión de preferentista de vender en un mercado secundario.

En ambos casos, las sentencias de las Audiencias Provinciales habían tenido que declarar caducadas las acciones de nulidad, porque no tenían un momento de consumación contractual distinto al de la perfección contractual, con lo que los afectados habían contratado el seguro Unit Linked y las participaciones preferentes en momentos mucho más allá de los cuatro años. Resultado de ello: acciones caducadas. Por eso llega la STS de 12 de enero de 2015 a decir que no puede tomarse el dies a quo antes de que el afectado haya podido ejercitar la acción de nulidad, es decir, antes de que haya podido tener conocimiento de error, antes de percatarse de que lo que creyó haber contratado, no era lo que contrató.

¿Corregirá y aclarará el TS esta doctrina? Lo intentaremos, desde luego. Pero mientras tanto, pone los pelos de punta comprobar que el propio TS en una sentencia de 2017, haya declarado caducada una acción de nulidad contra una permuta financiera, obviando su fecha de consumación y atendiendo a otra anterior, ubicada en 2009. Esta STS de 3 de marzo de 2017, arrebata derechos al minorista afectado, que es justo lo contrario a lo que pretende la STS de 12 de enero de 2015, que lo que hace es “rescatar” al afectado que se ha quedado sin plazo. No puede dejarse a un minorista sin plazo de forma sobrevenida, si estaba dentro de plazo cuando instó su acción, por haberla ejercitado dentro de los cuatro años desde la consumación.

Una doctrina interpretativa del TS, no puede hacer “desaparecer derechos”, ni hacer “desaparecer” plazos para instar acciones.

Veremos si conseguimos que la casación que hemos instado, se admita a trámite. Esperemos que eventuales defectos formales, que es la excusa recurrente de inadmisión, no impidan un pronunciamiento sobre este asunto. Esperemos en definitiva, que pese más lo que debe pesar, que es la necesidad urgente de que la doctrina de la STS del Pleno de 12 de enero de 2015 se aclare, y en lo menester, repare el daño que está generando sus lagunas.

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