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SOBRE EL REAL DECRETO LEY DE CLÁUSULAS SUELO

Ley Cláusula Suelo

SOBRE EL REAL DECRETO LEY DE CLÁUSULAS SUELO

Me sorprende leer estos días artículos de prensa, en los que compañeros de grandes despachos elogian, con alguna reserva, el sistema extrajudicial instaurado por el Real Decreto Ley 1/2017, para la reclamación de los afectados por las cláusulas suelo. Yo desde luego, hago una lectura muy distinta y no acabo de creer que compañeros de distinguidos despachos, se dejen enredar en trampas de este tipo. Igual es que yo soy de los que, con menos visibilidad, se dedica a defender a los afectados, uno a uno. E igual es por ello por lo que veo las cosas de otra forma y hago lecturas muy distintas.

En primer lugar, ya esperaba un procedimiento que maree al reclamante, y en un buen número de casos, termine haciéndole desistir de su pretensión tras finalizar un proceso, que se alargará cuatro meses: el de adaptación de los bancos y los tres desde la reclamación. Algo así ya lo habíamos vivido antes y no sorprende (Ej. código de buenas prácticas bancarias para fomentar la dación en pago). Es un eficaz filtro a las reclamaciones y muchos compañeros nos temíamos que esta norma iría por ese camino, incluso antes de leerla.

Lo que no me esperaba es que se aprovechara la ocasión para atacar directamente a los despachos de abogados que demandan a bancos a través de colectivos de afectados, captando su clientela en medios de comunicación. Me parece lamentable, ya que lo que se pretende es erradicar los ingresos por costas que los bancos vienen pagando a estos bufetes. Es otro “favor” que debe de haber exigido la banca al gobierno, harta de pagar costas a los que sí deciden reclamar judicialmente. Me parece mezquino, sin más.

En tercer lugar, el nuevo sistema de reclamación me parece un auténtico engaño, ya que alardea desde la propia exposición de motivos de su voluntariedad, y resulta que el que opte por no acogerse al mismo, pierde derechos, lo cual no traduce mucha “voluntariedad”. Si la entidad bancaria se allana a una demanda sin haber instado previamente el proceso extrajudicial, la banca no paga costas. Es decir, que el requerimiento previo a demanda judicial del 395.1 LEC, se convierte en una trampa para el reclamante, ya que si lo formula, se entenderá instado el procedimiento del RDLey y el proceso judicial, caso de instarse a continuación, quedará paralizado por tres meses como mínimo. Y a su vez, el reclamante que decida no instar este procedimiento extrajudicial, e inste demanda directamente sin el requerimiento previo, tampoco tendrá derecho a las costas si la entidad bancaria se allana tras ser emplazada. Yo por tanto, no veo este procedimiento de reclamación extrajudicial tan “voluntario”, ya que el que decida no utilizar este mecanismo, ha perdido el derecho a las costas judiciales que antes de este RDLey sí tenía, si formulaba antes requerimiento de pago.

Lo de introducir normativa fiscal en el RDLey, como decía un compañero en un foro de derecho bancario, suena desde luego a intimidación. Así, quien se haya practicado desgravaciones fiscales en los últimos cuatro años por la hipoteca de su vivienda, cuando reciba la devolución de lo que le corresponda por las cláusulas suelo, deberá regularizar las desgravaciones realizadas, al menos, de los últimos cuatro ejercicios fiscales. Esto, desde luego no ayuda en nada a animar el ambiente, sino al contrario. Y resulta obvio que lo que pueda recaudar hacienda con esta medida, es desproporcionadamente pequeño en comparación con el efecto disuasorio que genera. Lo que se pretende, nuevamente, es disuadir a los reclamantes, que verán una complicación adicional, en tener que afrontar cuatro declaraciones de IRPF complementarias por los últimos ejercicios fiscales.

Por último, nuestros gobernantes hacen bueno el dicho “divide y vencerás”. En los casos en que este sistema “extra-judicial” funcione, la banca se habrá ahorrado mucho dinero, ya que nada se regula en cuanto al interés legal de las cantidades indebidamente pagadas al banco por aplicación de las cláusulas suelo, que es una petición inherente a la devolución (he leído alguna reciente sentencia que el interés legal de lo pagado es una petición consecuencial que no está sometida al principio dispositivo). Y desde luego, el que consiga una devolución por este sistema, pocas ganas tendrá de formular una nueva por la cláusula abusiva que le obligó a pagar los gastos e impuestos de la escritura de préstamo hipotecario, teniendo en cuenta el importe medio que en la inmensa mayoría de los casos supondrá reclamar la devolución de gastos de Notario, Registro y Actos Jurídicos Documentados. No es lo mismo hacerle las cuentas a un cliente de lo pagado de más por las cláusulas suelo, más lo pagado por gastos e impuestos, con el interés legal de ambas cantidades desde el día en que fueron pagadas, que puede arrojar una cifra significativa que anime a reclamar vía judicial; que hacer las cuentas de lo que tiene derecho a reclamar una vez que el banco se haya despejado el problema de la cláusula suelo.

Todo este asunto suena a estrategia diseñada por la banca, de la que se ha instruido debidamente al gobierno para que invite a otros partidos políticos a unirse y que todo parezca un gran pacto en pro de los afectados por las cláusulas suelo. Y por lo que se ve, varios han picado el anzuelo y se han apuntado, sin hacer un análisis correcto del daño que este RDLey va a causar a los derechos de los consumidores.

Si nuestros políticos querían hacer algo por los afectados, era tan sencillo como obligar por Ley a los bancos a comunicar a sus clientes las cantidades que tienen derecho a reclamar por aplicación de la cláusula suelo y que las pagaran. Todo lo que no sea esto, son ganas de confundir a la gente, vender humo y enredarlos en farragosos procedimientos de reclamación que lo único que persiguen es minimizar las consecuencias finales para la banca.

Dentro de un tiempo, la prensa politizada se hará eco del importe global devuelto por la banca gracias a este RDLey. Pero lo que nunca nos dirán, es cuánto dinero han dejado de devolver gracias a este tipo de maniobras.

Que los políticos protejan los intereses de la banca me parece lógico, teniendo en cuenta su dependencia. Pero que nos lo vendan como un acto voluntarioso y honesto para solucionar las reclamaciones de los afectados, me parece una nueva tomadura de pelo.

Lo que sigue dejándome perplejo y desde luego no me esperaba, es leer la prensa estos días y comprobar como compañeros de prestigiosos despachos, aplauden esta medida. Quizás, insisto, estos grandes despachos viven ajenos a la pequeña reclamación de cada particular y por ello, desconocen lo que de verdad se lee entrelineas en este Real Decreto Ley.

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