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EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INSTAR LA NULIDAD: STS 12 ENERO DE 2015.

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EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INSTAR LA NULIDAD: STS 12 ENERO DE 2015.

Constatamos en diversos comentarios publicados sobre la novedosa interpretación del cómputo del plazo para instar la nulidad de un contrato por error o vicio en el consentimiento ex art. 1301 CC, que se predica la existencia de un cambio en la interpretación del término “consumación” del contrato por parte del Tribunal Supremo. Y lo que es más preocupante es que algunas Audiencias Provinciales, haciendo una lectura superficial de la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2015, están modificando, sin razonamiento alguno, el dies a quo para el cómputo de dicho plazo, por el momento en el que el afectado toma conocimiento del error padecido en la contratación.

En primer lugar, creemos que es obvio decir que el Tribunal Supremo no puede hacer modificaciones legislativas. La norma habla de “consumación”, y este término debe entenderse como el momento en que las prestaciones entre partes queden completamente cumplidas, porque además es el momento en el que se concretan los efectos restitutorios inherentes a la nulidad. Si al amparo de los principios del art 3.1 del código civil (interpretación de las normas de conformidad con la realidad social) y 9 de la Constitución (principio de seguridad), entendemos que el dictado del 1301 CC, debe cambiar, lo que habría que plantearse es una modificación legislativa. Pero hoy por hoy, el artículo 1301 CC, es claro en su literal y no puede hablarse de una “interpretación”, cuando lo que se propone es una modificación del sentido semántico literal del precepto.

Y es que creemos que se ha perdido de vista el caso concreto enjuiciado en la STS de 12 de enero de 2015, en el que sí existía un problema en la aplicación del 1301 CC. La STS de 12 de enero de 2015, que es la que establece que el cómputo del plazo debe iniciarse desde el momento en que se toma conciencia (cabal y cumplido conocimiento, son las palabras empleadas) del error sufrido, enjuicia la nulidad de un seguro de vida unit linked. Es un contrato con vocación de perdurabilidad indefinida en el tiempo, ya que sólo el tomador puede decidir su no prórroga y por tanto, el momento de su “consumación”. Igual sucede en las participaciones preferentes (STS 16 septiembre de 2015), en las que la titularidad era indefinida en el tiempo. En estos casos, el momento de la consumación del contrato para fijar el momento de inicio del plazo de cuatro años, sí requiere de un refuerzo interpretativo, puesto que son supuestos contractuales en los que ese momento de la “consumación”, (i) o no tiene concreción contractual predeterminada; o (ii) está en manos de una de las partes decidir su inicio.

Pero cuando estamos, por ejemplo, ante una permuta financiera de cuatro años de duración, la consumación tiene su momento prefijado y, ni el principio de seguridad jurídica ni el del art. 3.1, del código civil, deberían entrar en juego para cambiar el momento en el que debe quedar fijado el dies a quo para el cómputo de los cuatro años para instar la nulidad del producto.

Echamos de menos que esa STS de 12 de enero, hubiera especificado qué características debe reunir esa clase de contratos que califica como “complejos”, para que la novedosa doctrina jurisprudencial sea aplicable. Obviamente, la vocación de perdurabilidad indefinida en el tiempo del contrato, es uno de los elementos necesarios que justificaría la aplicación de esta nueva interpretación del 1301 CC.

Pensemos por último, que si esta sentencia hubiera modificado la interpretación del término “consumación” del 1301 CC. y el cómo debe computarse el plazo de cuatro años para cualquier supuesto de contrato bancario “complejo”, el TS estaría dañando seriamente el principio de seguridad jurídica, puesto que hay innumerables procedimientos en marcha, instados por particulares dentro del plazo de cuatro años desde la consumación (terminación) del contrato, que han esperado al momento de dicha consumación para instar la acción, confiados en una pacífica doctrina jurisprudencial del TS sostenida durante más de un siglo. (STS, Sala Primera, de 24 de junio de 1897; STS, Sala Primera, de 11de julio de 1984; STS, Sala Primera, de 27 de marzo de 1989; y STS, Sala Primera, de 11 de junio de 2003).

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